SCJN audiencias publicas fueron una simulación: ya no quieren invalidar leyes por falta de consulta a discapacitados
| Por: José López
La ministra Lenia Batres insiste en que la Corte debe de dejar de invalidar leyes que afecten a las personas con discapacidad cuando no hubo una consulta previa a ese sector, esa idea es secundada por al menos otro ministro, el ministro Presidente Hugo Aguilar.
La consigna de abandonar el criterio que permite a la corte invalidar leyes por falta de consulta entre uno de los sectores de la población más vulnerables, podría ser una instrucción enviada desde Palacio Nacional a fin de dejarle el camino abierto para modificar leyes que le resten derechos adquiridos y que suponen egresos especiales del presupuesto.
Debate en la Suprema Corte sobre el derecho de consulta
Durante una audiencia pública de más de 15 horas, más de cien personas con discapacidad y representantes de organizaciones civiles se manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender su derecho a ser consultadas en los procesos legislativos que las afectan.
La ministra Lenia Batres Guadarrama, con el respaldo del ministro presidente Hugo Aguilar, propuso abandonar el criterio que ha permitido invalidar alrededor de 50 leyes federales y estatales desde 2016 por haberse aprobado sin consulta previa.
Batres argumentó que la consulta no debe considerarse un derecho humano, sino únicamente una formalidad del procedimiento legislativo. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil alertaron que suprimir este principio significaría un grave retroceso en materia de derechos humanos e inclusión social.
“Las leyes sin consulta nos discriminan”: voces desde la sociedad civil
Durante la audiencia, María Milagros Castro Rocha, activista sinaloense, advirtió que la eliminación del carácter obligatorio de la consulta transformaría este derecho en un mero trámite simbólico.
“Las intenciones no bastan. Las leyes construidas desde un escritorio sin la experiencia de quienes vivimos la realidad día con día no solo fallan: discriminan”, expresó.
Su intervención reflejó la preocupación de miles de personas con discapacidad en México, que temen que decisiones tomadas sin su participación directa reproduzcan la exclusión histórica que por años ha limitado su acceso a derechos básicos como la educación, la movilidad y la atención médica digna.
Impacto potencial: una población más vulnerable ante leyes sin voz
De aprobarse el nuevo criterio propuesto por la ministra Batres, la población con discapacidad sería una de las más afectadas.
Las leyes podrían elaborarse y modificarse sin garantizar su participación en los temas que impactan su vida diaria. Esto abriría la puerta a reformas que, aunque parezcan beneficiosas, perpetúen barreras estructurales en accesibilidad, empleo, transporte y salud mental.
La consulta previa, libre e informada no es un obstáculo burocrático, sino una herramienta de justicia participativa reconocida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual México es parte. Su debilitamiento significaría un retroceso en los compromisos internacionales del país.
El argumento de la Corte y la preocupación de los defensores
El ministro presidente Hugo Aguilar señaló que la aplicación estricta del criterio de consulta ha invalidado leyes que beneficiaban a comunidades indígenas y afromexicanas. Sin embargo, especialistas en derechos humanos recordaron que la consulta no impide legislar, sino que asegura que las decisiones se construyan con participación y legitimidad democrática.
El caso que originó este debate se centra en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, modificada sin consulta previa para establecer visitas semestrales a centros psiquiátricos. La falta de participación directa de las personas con discapacidad motivó la acción de inconstitucionalidad que hoy reabre un tema fundamental: el derecho a decidir sobre la propia vida y entorno.
Un futuro incierto para la inclusión en México
Aunque la ministra Batres aseguró que su propuesta será revisada tomando en cuenta las observaciones ciudadanas, el riesgo de un retroceso legal y social permanece. La posible eliminación del criterio de consulta podría marcar una nueva etapa en la relación entre el Estado y los grupos históricamente discriminados.
En un país donde la inclusión aún enfrenta grandes desafíos, la decisión de la Suprema Corte definirá si México mantiene su compromiso con la participación democrática o si opta por volver a legislar sin escuchar a quienes más necesitan ser escuchados.